El poder de la validación de cuentas: de herramienta antifraude a estándar internacional

La verificación de cuentas bancarias ha pasado de ser un complemento a los pagos digitales a convertirse en un estándar en las infraestructuras de pago de varios países. Reguladores en el Reino Unido, Países Bajos, la Unión Europea y Estados Unidos han implementado normativas que exigen la verificación de la identidad del beneficiario antes de autorizar una transferencia

Esta tendencia incrementa las expectativas en seguridad, trazabilidad y eficiencia operativa. Y debido a su rápida digitalización financiera, América Latina se ve ahora empujada a adaptarse a este nuevo estándar.

Desde su implementación en 2020, el sistema Confirmation of Payee (CoP) ha representado una transformación significativa en la infraestructura de pagos del Reino Unido. Con el propósito de mitigar el fraude por suplantación de identidad y los errores en las transferencias electrónicas, CoP estableció como principio operativo fundamental la verificación de la identidad del beneficiario antes de la ejecución de cualquier pago.

Su adopción fue rápida y eficaz. En menos de cuatro años, se convirtió en el estándar operativo de más de 400 instituciones, abarcando tanto a bancos tradicionales como a nuevos proveedores de servicios de pago.

Hacia noviembre de 2024, el sistema había procesado más de 2,500 millones de verificaciones acumuladas. El volumen anual pasó de 479 millones en 2021 a 766 millones proyectados para 2024, lo que representa un aumento acumulado de más del 60 % en tres años. Actualmente, más del 99 % de las transferencias realizadas a través de las redes Faster Payments (pagos inmediatos entre cuentas bancarias en el Reino Unido) y CHAPS (pagos de alto valor, especialmente entre empresas y bancos) son validadas mediante CoP.

Al igual que el Reino Unido, Países Bajos fue uno de los pioneros en integrar la validación previa de cuentas en su infraestructura de pagos.

Desde 2017, los principales bancos neerlandeses operan con un sistema obligatorio denominado IBAN-Name Check, que permite verificar en tiempo real la correspondencia entre el número de cuenta IBAN y el nombre del beneficiario antes de autorizar una transferencia.

El impacto fue inmediato. Según datos de Rabobank, entre 2017 y 2020:

• Los fraudes por transferencias internas disminuyeron un 81%.
• Los errores de pago se redujeron un 67%.

La normativa de Verification of Payee (VoP) entrará en vigor el 9 de octubre de 2025 en los países miembros de la Unión Europea. Esta medida requiere que las instituciones financieras verifiquen la identidad del beneficiario antes de procesar cualquier transferencia SEPA, replicando la lógica del modelo británico.

Se estima que entre 2,700 y 3,300 proveedores de servicios de pago (PSP) deberán implementar VoP antes de la fecha límite. En total, más de 4,000 entidades estarán sujetas a esta obligación.

Con VoP, la Unión Europea avanza firme hacia la consolidación de un ecosistema de pagos más seguro, interoperable y resiliente. Y la validación de cuentas dejará de ser un diferenciador competitivo para convertirse en un requisito regulatorio.

En marzo de 2025, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva que establece un nuevo estándar para los pagos del gobierno federal, estipulando que todas las transferencias deberán validar previamente que la cuenta de destino esté activa, pertenezca al beneficiario correcto y cuente con el debido respaldo legal para recibir fondos.

Este principio —verificar antes de pagar— es el mismo que ha orientado las reformas en el Reino Unido, los Países Bajos y, más recientemente, en toda Europa; y ahora se consolida como norma operativa en la economía más grande del mundo.

Con esta medida, Estados Unidos busca erradicar los fraudes derivados de errores de digitación, cuentas suplantadas o destinatarios falsos. En lugar de confiar plenamente en los datos proporcionados por quien solicita el pago, el Estado ahora exige su corroboración contra fuentes de confianza antes de transferir cualquier monto.

La trascendencia de esta medida no es marginal: aplicará a más de 180 millones de transacciones federales anuales, consolidando la validación previa como un nuevo estándar de seguridad y trazabilidad en los pagos públicos de Estados Unidos.

Todos los casos presentados van definiendo la dirección que toma la infraestructura global antifraude. América Latina, caracterizada por un rápido crecimiento en digitalización financiera, no es ajena a esta tendencia.

Como lo expuso nuestra Co-CEO Ximena Alemán en una columna para The Paypers, VoP tiene el potencial de convertirse en una regulación de alcance global, emulando el efecto del GDPR en materia de privacidad. La implementación de estándares similares podría elevar sustancialmente la seguridad de las transferencias en la región.

Actualmente, gran parte de la infraestructura técnica ya se encuentra disponible. El verdadero desafío reside en la consolidación de la validación previa como una práctica común: integrada a los sistemas existentes como SPEI, PIX o PSE, y adoptada por instituciones bancarias, fintechs y empresas que buscan operar con mayor seguridad, eficiencia y trazabilidad.

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